Periodistas se declaran en emergencia contra el proyecto de ley 305 y exigen su anulación
Los trabajadores de prensa y periodistas de Bolivia se han declarado este lunes en estado de emergencia frente al proyecto de ley 305 y demandaron al Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, que la Asamblea Legislativa Plurinacional elimine el párrafo III del artículo 281 del proyecto de ley, porque penaliza el ejercicio del periodismo y vulnera la ley de Imprenta.
“Demandamos firmemente que se elimine el párrafo III del Artículo 281 del Proyecto de Ley 305/2023 y que se excluya a las y los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado Proyecto, debido a que suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta”, dice una de las partes más importantes de la carta que las diferentes organizaciones de prensa enviaron este lunes al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El mencionado proyecto de ley señala lo siguiente en la parte que las organizaciones de prensa de Bolivia cuestionan:
“I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:
a) Difunda ideas basadas en la superioridad racial;
b) Promueva y/o justifique el racismo toda forma de discriminación;
c) Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios;
d) Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios;
II. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público cualquiera sea su rango o jerarquía.
III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».
LA RESPUESTA
Los dirigentes de las organizaciones de prensa apelaron a las definiciones de la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y a las propias determinaciones del Comité Interamericano de Derechos Humanos para asegurar que este proyecto afecta al ejercicio del periodismo nacional.
“Nos alarma, Señor Presidente, que una vez más se pretenda penalizar el trabajo de la prensa, aduciendo para ello el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, cuando en ningún tratado, convenio o acuerdo, se establece la criminalización de la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos.
La propia CIDH, en el Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advierte que “la violencia contra periodistas puede generarse por medio del uso del derecho penal – principal poder coercitivo del Estado – para sancionar, reprimir, inhibir aquellas expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés público. En particular, la amenaza o la imposición de una pena de encarcelamiento con fundamento en leyes de desacato y de difamación criminal puede resultar en un efecto silenciador que afecta no solamente a los y las comunicadoras, sino a toda la sociedad””, dice la argumentación de las organizaciones de prensa.
En ese marco, en la conferencia de prensa, los dirigentes asumieron la siguiente determinación: Nos declaramos en estado de emergencia hasta que se atienda favorablemente la petición señalada, advirtiendo que no podemos permitir que se continúen vulnerando los derechos que nos asisten, con normas que pretenden destruir las bases elementales que garantizan el ejercicio de nuestra labor.