Murillo se declara culpable de lavado de dinero y soborno, podría ser condenado a 10 años de cárcel

En una audiencia que duró 40 minutos en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, el exministro de Gobierno Arturo Murillo se declaró culpable por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que la exautoridad pasó de ser sindicado a culpable. Podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

“El juez le ha conminado al cumplimiento de ciertas medidas, entre las más importantes está que Arturo Murillo debe entregar cualquier propiedad involucrada en ese delito de conspiración y también tiene que pagar una multa de 532.000 dólares”, apuntó en conferencia de prensa.

Murillo fue puesto ante el juez y suscribió un acuerdo de culpabilidad que ya es vigente en Estados Unidos.

Desde que fue aprehendido en mayo de 2021, Murillo se negó a admitir su responsabilidad en los ilícitos, además indicó que era perseguido político, lo cual fue desvirtuado por el procurador.

“Él (Arturo Murillo) era el cabecilla de la banda delincuencial y le corresponde una pena mayor que a los otros involucrados”, insistió Chávez antes de recordar que este ilícito se suscitó en plena pandemia del Covid-19, en mayo de 2020, y que para ello el exministro presionó al personal del Banco Central de Bolivia (BCB) para que haga las transferencias de los fondos a cuentas de bancos en el extranjero.

Proceso de extradición

Chávez adelantó que una vez que cumpla su condena en Estados Unidos se deberá activar el proceso de extradición que solicitó la Fiscalía General del Estado para que responda a los procesos que se le iniciaron en Bolivia, entre ellos por las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron más de una treintena de muertos en noviembre de 2019.

El abogado Thomas Becker indicó que EEUU no ofrece asilo a personas que cometieron algún delito en ese país, por lo que se estima que sea deportado luego de cumplir su condena.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Philip Lichtenfeld y los hermanos Bryan y Luis Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia, entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero esta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.

El daño económico al Estado es de $us 2,3 millones, de los cuales $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.