La minería ilegal provoca daños incalculables y La Paz es la más afectada
(Jacqueline Maydana).- El colorido de los bosques y el agua pura que deberían caracterizar al norte paceño se han transformado en parajes sin vida. Los explotadores de oro desvían ríos, desmontan cerros, destruyen bosques y provocan desplazamientos humanos, con el fin de obtener las mayores ganancias posibles, a pesar de la naturaleza, a pesar de los daños que empiezan a sufrir las poblaciones. El mercurio se ha convertido en la expresión más dura de la minería ilegal.
Un estudio presentado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilab) concluye que integrantes de 36 comunidades indígenas del norte de La Paz tienen en su organismo desde 0,03 hasta de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos, lo que significa que están por encima de los niveles admitidos. La investigación se realizó en poblaciones ribereñas de la cuenca del río Beni y sus afluentes, como ser los ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios. Según la investigación, hay comunidades que están con 10 ppm de contaminación como ser Aguas Claras, Gredal y Corte. El nivel máximo permitido en el organismo humano es de 1ppm.
¿A qué se debe esto? A la dieta alimenticia que depende de los ríos del norte paceño. Pueblos como los ese ejja y otros se alimentan de estos peces y consumen el agua, en los que se ha detectado metilmercurio, tóxico contamina los ríos por acción de los explotadores de oro.
La senadora Cecilia Requena es activista a favor del medio ambiente y en los últimos años ha apuntado contra la minería ilegal. Ella que actualmente hay un descontrol de la explotación de metales en el país, ocasionando daños incalculables e irreparables, tanto a la naturaleza y a la salud. El departamento más afectado es La Paz.
La minería ilegal es la extracción de minerales sin el debido permiso o autorización, se ejecuta fuera de las normas y reglamentos para áreas protegidas. Quienes se aprovecha de esta actividad son extranjeros que llegaron al país y con privilegios desconocidos operan, también hay cooperativas que en realidad no lo son y empresas unipersonales. Son actores que funcionan en la ilegalidad.
Según Requena, la minería ilegal es ejercida principalmente por extranjeros que han constituido empresas de manera irregular. Otro dato para llamar la atención es la falta de registros sobre las cooperativas, qué concesiones tienen, cuántos socios cuentan, quiénes son sus aliados y otros datos básicos. “Lo que podemos decir por las observaciones que son resultado de las inspecciones y las interacciones es que básicamente tenemos un problema de súbditos de otros países que han llegado incluso de haber hecho minería ilegal en otros países y hay cooperativas que no funcionan a menudo como tales”, indica la senadora.
Es decir, en Bolivia operan cooperativas que tienen peones, empleados, capitalistas, pese a llamarse cooperativistas, por ello, son eximidos del cumplimiento de derechos laborales. “Las cooperativas sirven como un paraguas, como una cáscara, que en realidad ocupa otro tipo de acuerdos de capital, entonces, también tenemos problemas con cooperativas”, asegura.
En ese marco, muchas de esas cooperativas o empresas unipersonales operan en lugares sin el derecho minero consolidado, lo que significa que cuente con la autorización de las instituciones para realizar operaciones. La senadora resalta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) otorgó pocos contratos, por lo tanto, se hace una idea de cuánta ilegalidad existe en Bolivia en torno a esta actividad.
“En estos dos años y medio que yo estoy como senadora, apenas ha llegado una ley con 23 contratos mineros, todo lo demás no es legal. Tenemos problemas de enorme ilegalidad que lamentablemente es impune porque el Estado no está controlando a la minería ilegal en muchos aspectos: en lo legal, en lo ambiental, y en lo general con los derechos indígenas”, indica Requena.
LA MÁS AFECTADA ES LA PAZ
El área para la explotación del oro en Bolivia es La Paz, sobre todo el llamado oro aluvial, que se forma con el paso del tiempo cuando un río corre o pasó previamente por un terreno rico en oro, no obstante, no se excluye la explotación de este mineral en las montañas. “Esa zona tradicional, por ejemplo Sorata, Mapiri, Guanay, esas zonas están muy afectadas por la minería hace mucho tiempo”, asevera. También menciona a otras regiones paceñas como Yuyo, Apolo, Correo y Cotapata.
Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), lamenta que las enormes cifras de producción de oro no beneficien a la región ni al fisco. “De todo el oro que se extrae de Bolivia el 72% es de La Paz, es mayoritario y el 99% de esa producción está registrado a nombre en cooperativas. Por eso, La Paz recibe una miseria de regalías. El año pasado ha recibido como 35 millones de dólares en regalías cuando debería haber recibido 150 o 160 millones de dólares de regalías, pero le dieron 35 millones. Es triste lo que está ocurriendo en el sector aurífero. Hay como un descontrol”.
Requena menciona que esta situación se acrecentó desde la nueva Ley de Minería y Metalurgia, aprobada en 2014, que dio un impulso enorme a la minería cooperativista en el resto de la cuenca amazónica y particularmente en el norte de La Paz. “Han subido de esos valles y de provincias como Larecaja, hacia Franz Tamayo, Ixiamas, esas áreas protegidas, por ejemplo el Madidi están siendo afectadas, así como Apolobamba”, relata Requena.
Y, aunque reconoce que La Paz es la más afectada por la minería ilegal, menciona que los departamentos del Beni y Pando, en el río Madre de Dios, e incluso Cochabamba, no están exentos de estos los efectos negativos. Ella prevé que la frontera minera seguirá extendiéndose y cubrirá gran parte de los ríos de la cuenca amazónica del país.
LOS DAÑOS IRREPARABLES
La senadora Requena está segura que el daño que ocasiona la minería ilegal es incalculable e irreversible. “Nos falta los números. ¿Cuánto valen las lluvias? Es incalculable. ¿Cuánto vale el Illimani, los ríos limpios de la cuenca amazónica donde se podía pescar y que fertilizan los campos de los pueblos indígenas? Un valor incalculable, todo eso es afectado por la minería”, explica la senadora.
La salud de los niños y de los pueblos indígenas que viven en la cuenca amazónica no tiene valor calculable y ellos ya han empezado a sentir los efectos de la explotación aurífera con el uso descontrolado del mercurio. “No le podemos poner valor a eso y es todo lo que estamos destrozando con esta minería”, asegura.
Entonces, los costos de esta actividad ilegal también recaen sobre los productores a falta de lluvias. En ese contexto, la senadora cuestionó: “¿eso vale 3.000 millones de dólares? que es lo último que se tiene de la exportación del oro. No hay comparación, hay cosas invalorables que estamos destruyendo”.
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