Jueza Bacarreza es procesada por 9 delitos
De acuerdo con la imputación firmada por el fiscal Vladimir Bolívar, la jueza falseó los datos que dio a la Magistratura para impedir su fiscalización y planteó una serie de argumentos para justificar la retardación de justicia.
Según la imputación firmada por el fiscal Vladimir Bolívar, la jueza de Sentencia Primera Contra la Violencia hacia la Mujer, Gladis Bacarreza, tiene al menos 12 procesos penales pendientes por al menos nueve delitos, entre ellos prevaricato, retardación de justicia y uso indebido de influencias. En dos de los casos ya se emitieron las imputaciones.
En el proceso más reciente, el número 12, presentado por el Consejo de la Magistratura de La Paz, a cargo de Carminia Martínez, se detalla que el 23 de febrero de este año, luego de recibir una serie de denuncias de varias víctimas contra la jueza Bacarreza, se constató que ella no se había pronunciado en 30 procesos, pese a que éstos estaban en su despacho desde el 13 de enero.
“También se verificó que no habría emitido ninguna resolución en la gestión 2022 y 2023, muy a pesar de que ella manifiesta que las dictó, pero no se encontraron en el libro de tomas de razón”, señala parte de la imputación fiscal.
En la misma relación de hechos se precisa que el 10 de febrero, la jueza informó a la Unidad de Políticas de Gestión que no tenía causas pendientes, sin embargo, en la inspección realizada por personal de la Magistratura se corroboró que Bacarreza tenía causas pendientes desde 2021. Además, se menciona que vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz informaron sobre el “extravío” de expedientes de la gestión 2019, denunciado por litigantes que sufrían la retardación de justicia.
Por este caso, Bacarreza fue enviada ayer con detención preventiva al penal de mujeres de Obrajes, por cuatro meses, mientras dure la investigación. La jueza fue imputada por incumplimiento de deberes y supresión o destrucción de documentos.
Los procesos y delitos
En el apartado sobre la justificación para pedir el encarcelamiento de la jueza, el fiscal Bolívar señala que Bacarreza “se constituye un peligro efectivo para la sociedad debido a la actividad delictiva reiterada”, en relación a otros 11 procesos penales previos. Los mismos figuran con sus códigos y se detalla nueve tipos de delitos: prevaricato, retardación de justicia, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes, uso indebido de influencias, privación de libertad, obstrucción a la justicia, favorecimiento a la evasión y supresión o destrucción de documentos.
Además, los testigos declararon que la jueza incurrió en varias mentiras y que trató de llevarse documentos de su oficina, para lo cual acosó a una de las secretarias suplentes, a quien llamó con insistencia para que le entregue las llaves del juzgado. Llegó al extremo de ir a buscarla a su casa.
Daño a las víctimas
“Su conducta denota un reacio y apático sentir de las víctimas que buscan justicia, como también se infiere de la respuesta a requerimientos fiscales, administrativos, disciplinarios, por hechos de negligencia en las funciones que le otorgó la ley, por ende, sí es un peligro para la sociedad”, señala la imputación.
Bacarreza fue denunciada en varias oportunidades, tanto en las instancias de control judicial como ante los medios de comunicación. En febrero de 2022 fue suspendida por quinta vez por ayudar a violentos y agredir a víctimas. La abogada Jhenny Prado dijo que la jueza tenía pendientes 92 procesos en su contra, uno de ellos por encerrar a personas en un “cuarto de torturas”.
Otras víctimas denunciaron que Bacarreza amedrentaba a los propios abogados, a quienes les imponía multas económicas, les impedía participar de las audiencias y ejercía maltrato psicológico hacia quienes reclamaban por su actuar.
La jueza también logró burlar la fiscalización de la Asamblea Legislativa, pues en 2022 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dirigida entonces por la diputada Gladys Quispe (MAS), dijo que recibió varias denuncias contra Bacarreza por retardación de justicia de casos de violencia, por lo que hizo la petición de informe al Consejo de la Magistratura.
Se desconoce si el requerimiento fue atendido, pero no hubo ningún tipo de pronunciamiento desde el Legislativo.
Los nexos políticos
Cuestionada por varias víctimas, en 2022 la jueza accedió a una entrevista con Página Siete. “Mis denuncias son por mi excesiva carga laboral y no son por corrupción, que quede claro”, dijo Bacarreza y aseguró que jamás agredió a ninguna víctima de violencia.
Cuando se le consultó sobre las acusaciones hechas incluso por sus colegas jueces, sobre la supuesta protección que recibe por ser hermana de Zenón Bacarreza, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que en 2017 avaló la reelección de Evo Morales, la jueza se molestó y exigió que su hermano no sea involucrado.
Mientras cumplía la suspensión en 2022, la jueza Bacarreza viajó acompañada de la abogada Mónica Ramírez y la esposa del procurador general Wilfredo Chávez a un acto de proselitismo del MAS organizado por éste en el Chapare. En el mismo participó Evo Morales.