García-Sayan: Hay injerencia política y «presión de agentes políticos no estatales en la justicia»

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García- Sayán, dio a conocer este miércoles su informe final de su visita en Bolivia  indica que existe injerencia política en la justicia. En el  párrafo 104 dice que los magistrados, jueces y vocales están son “altamente vulnerables”.

“Los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación  de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”, sostiene  del informe final de la visita a Bolivia del Relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el párrafo 102, el informe establece que la elección de altas autoridades judiciales por voto popular  “no garantiza” que se evite “la injerencia política”. Bolivia es el único país que elige a las autoridades del Órgano Judicial por sufragio desde el 2009.

 “La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, subraya el informe del Relator de la ONU.

Jeanine Añez

El documento hace referencia al caso de la expresidenta Jeanine Añez y dice que en su vista al país, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria y fue  “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.

En el proceso denominado “Golpe de Estado I”, fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido  como ““Golpe de Estado II”, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución”, dice el párrafo 87 del escrito.

El caso de la exmandataria pone en manifiesto los problemas de la justicia boliviana que abusa de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y todas las garantías.

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