A dos años del escándalo de los respiradores, ocho imputados libres y el proceso estancado
Crónica Digital. En medio del escándalo por la compra de respiradores con sobreprecio para combatir la pandemia del COVID-19 y cientos de fallecidos por falta de esa máquina, el ministro de Salud de Jeanine Áñez, Marcelo Navajas, era destituido el miércoles 20 de mayo de 2020 y luego capturado por la fuerza pública. Ocurrió el mismo día.
Navajas, médico propietario de una clínica paceña con mayoría de asegurados de la embajada de Estados Unidos, ejerció el cargo menos de dos meses.
Los respiradores para unidades de cuidado intensivo llegaron al país apenas unos días antes en un vuelo procedente de España y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.
Áñez autorizó la compra de 500 equipos. 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27.000 cada uno.
Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó –a uno o varios intermediarios vinculados al propio gobierno en un evidente conflicto de intereses– más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.
Ese monto estableció que cada una le costó al Estado $us 27.000.
El régimen de Jeanine Áñez decidió hacer esa compra directamente en España a través de su cónsul en Barcelona, David Pareja. Los medios de prensa aseguraron que la mandataria y el diplomático tenían un grado de parentesco.
La compra de los respiradores era el gran logro del gobierno que asumió pasando por alto la Constitución Política del Estado. La propia Áñez anunció en un acto público la compra de las máquinas, la primera adquisición de material médico para hacer frente al COVID-19 que había prometido.
El sobreprecio fue un problema, pero también el rechazo del personal médico a utilizarlos.
Los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran de terapia intensiva sino de asistencia en emergencias, y por tanto resultaban inadecuados para atender a pacientes de COVID-19.
El modelo que adquirió Bolivia era básico, así que la empresa y los intermediarios ofrecieron cambiar las 170 unidades ya entregadas por el modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país.
Esta oferta despertó más sospechas.
El gobierno de Jeanine Añez, que lo bautizó como de “transición”, enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.
Acusación
En enero de este año la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investigó el caso Respiradores Españoles presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas en la compra de los ventiladores pulmonares de la marca Respira Device de origen español.
Entre los acusados, todos ellos libres, figuran exfuncionarios del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y dos personas particulares.
La acusación formal fue presentada contra del exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector Ejecutivo de la AISEM, Giovanni Pachecho Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana Fernanda Espinoza Morejón; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos; el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando José Arias Alzerreca, y Luis Fernando Humérez Ortíz, quien habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.
Pruebas
El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.
Entre las pruebas de cargo figuran el dictamen pericial de auditoria forense que identificó las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores pulmonares, informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos, informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor.
Entre las pruebas más importantes está también el dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos de COVID-19.
Los delitos por los que deben responder los imputados ante la justicia son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.
El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria para todos los responsables de 10 años de prisión.