Defensoría plantea ley para crear bono y asistencia a hijas e hijos víctimas de feminicidio

La Defensoría del Pueblo presentó este miércoles un proyecto de ley que fue remitido a la Asamblea Legislativa en el que propone que el Estado otorgue asistencia económica e integral para las hijas e hijos víctimas de este delito. El objetivo es asegurar que tengan un nivel de vida adecuado y que no se vea afectada la evolución paulatina de sus capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales.

La institución explica que la situación de desprotección y las repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de feminicidio, hace necesario que se asuman medidas para garantizar su protección y desarrollo integral.

El documento fue presentado este miércoles por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien manifestó que esta propuesta legal expresa la preocupación institucional ante el incremento de casos de feminicidio en el país, que no solo evidencia la vulneración del derecho a la vida de mujeres, sino que también genera un complejo y completo estado de desprotección y vulneración de derechos de las hijas e hijos víctimas de este delito; en ese marco plantea el principio de “prioridad absoluta” por el cual se establece que las hijas e hijos víctimas de feminicidio son “de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia”.

Explicó que el contenido del proyecto de ley está enmarcado en normativa nacional e internacional que establecen disposiciones para la garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes victimas de feminicidio y normativa comparada de países en los que se aplica medidas de asistencia como Argentina, Ecuador, Uruguay y Perú.

La propuesta normativa elaborada por la Defensoría del Pueblo, contiene medidas de asistencia integral como la creación del Bono de Asistencia Económica Estatal Mensual para cada hija o hijo víctima de feminicidio equivalente al 20% del salario mínimo nacional; un régimen de descuentos en los servicios de luz, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público interdepartamental (terrestre, férreo, aéreo o fluvial); Subsidio de Asistencia Nutricional consistente en un paquete de alimentos distribuido mensualmente.

Plantea el acceso y la permanencia en el sistema educativo y la implementación de una política pública que posibilite la otorgación de becas de apoyo económico y el seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico. Igualmente, se propone que las escuelas de formación superior, las universidades públicas y privadas, institutos técnicos garanticen becas anuales para el apoyo académico.

Para garantizar la salud mental de las hijas e hijos víctimas de feminicidio, quienes tengan la responsabilidad legal de su cuidado, deberán acudir como mínimo una vez cada dos meses a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio donde radiquen para que se les realice una valoración y seguimiento psicosocial.

Se plantea la inamovilidad laboral en el ámbito público y privado de las personas que tengan la responsabilidad legal del cuidado de la población beneficiaria, hasta que ésta asuma la mayoría de edad.

Ante la insuficiente información y registros oficiales sobre la situación de las hijas e hijos víctimas de feminicidios, se propone que el Ministerio de Justicia y Trasparencia Institucional, en el marco del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), a través del Viceministerio correspondiente, cree el Registro Único de Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio en todo el territorio nacional; plantea también que los recursos para la implementación de las medias de asistencia integral sean financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN) conforme disponibilidad financiera; con donaciones nacionales o internacionales y transferencias de recursos de entidades e instituciones públicas y privadas.